El Consejo de Estado de Colombia no ha podido reconocer la legalidad del contrato vigente entre la Corporación y la alcaldía debido a una equivocación en el cauce legal empleado a la hora de presentar la demanda. Comienza la cuenta atrás para intentar revocar por otra vía diferente a la “tutela” la decisión prohibicionista del alcalde Petro.
El Consejo de Estado de Colombia no ha podido dictaminar aún si la decisión del alcalde de Bogotá de prohibir los toros en la Santamaría se ajusta o no a la legalidad vigente, dado que el vehículo empleado por la Corporación Taurina del coso de la capital colombiana para que su petición fuera estudiada por el citado organismo no ha sido el adecuado.
La Corporación, con su gerente Felipe Negret a la cabeza, para lograr el reconocimiento del contrato que hay vigente hasta 2015 con la alcaldía del municipio empleó el cauce administrativo conocido como “tutela” -figura jurídica de reacción inmediata utilizada por quien considera vulnerado alguno de sus derechos fundamentales- cuando éste no era el conducto legal pertinente para que el Consejo de Estado estudiara la demanda.
De este modo, el Consejo ha asesorado a los abogados de la Corporación Taurina de la Santamaría que presenten su petición, pero que lo hagan a través de los trámites legales establecidos para conflictos de este tipo. Sólo de esa manera estudiarán el caso y dictarán sentencia.
La Corporación, tal y como están transcurriendo los hechos, ha iniciado una contrarreloj para poder dar toros este invierno, pero al no contar ya con la inmediatez propia de la “tutela”, el futuro para que el coso albergue toros este invierno no es halagüeño dada la lentitud habitual de los otros caminos administrativos por los que deberá discurrir ahora la petición del sector taurino. Hoy por hoy la Santamaría no puede albergar festejos taurinos, pero se espera que en un futuro no muy lejano el Consejo de Estado falle a favor de la Fiesta.
Cabe recordar que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, canceló unilateralmente hace unos meses el contrato con la Corporación para satisfacer su gusto personal antitaurino, obviando que, tal y como ocurre en Francia, las zonas con tradición taurina en Colombia están amparadas por una ley constitucional. Por todo ello, el alcalde deberá enfrentarse en un futuro a todas las demandas que están interponiéndose contra su persona por adoptar medidas para las que no está facultado.
