El Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas ha hecho llegar a esta redacción un comunicado de prensa en el que rechaza la decisión de la Junta de Galicia de prohibir la entrada en las plazas de toros a los menores de 12 años. La entidad presidida por André Viard señala que la medidad “es ilegal desde el punto de vista de los derechos culturales del menor expuestos en los tratados europeos firmados por España. Asimismo, es políticamente incorrecta desde el punto de vista de la responsabilidad paterna que se pretende negar, y carece además de cualquier base científica que demuestre el peligro que puede sufrir un adolescente asistiendo a un espectáculo taurino”.
El comunicado compara la media gallega con un ataque similar acaecido en Francia en el año 2008. “El Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas le pidió al gobierno realizar un estudio estadístico acerca de los diez últimos años, para comprobar cuántos adolescentes habían tenido que ser atendidos psicológicamente por traumas después de haber presenciado un festejo taurino. Y para que este estudio fuera fidedigno, le pedimos también comparar las cifras del primero con las que ponen en evidencia los daños causados a los adolescentes durante el mismo periodo por la violencia en la televisión, en los vídeojuegos, o en el colegio. Las propias asociaciones antitaurinas que habían pedido prohibir la entrada en las plazas a los menores rechazaron este estudio científico, sabiendo perfectamente que demostraría la ausencia total de peligro para los adolescentes. Y por supuesto, la medida fue rechazada por el gobierno francés”.
El comunicado continúa diciendo: “Parece increíble en un Estado de Derecho que la Junta de Galicia, sin consulta ni estudio previo, pueda atreverse tomar medidas tan a la ligera que, indudablemente, serían anuladas tanto a nivel nacional por inconstitucionales como delante de la Corte de Justicia Europea”, y añade: “Cabe esperar que antes de proceder al voto de dicha ley -cuya legalidad será inmediatamente atacada-, la Junta de Galicia proceda al mismo estudio que se le pidió en su momento al gobierno francés. Y no dudamos de que, en vista de los resultados conseguidos, tanto a nivel de su comunidad como a nivel nacional, renunciará a adoptar una medida que sólo puede explicar el afán de destruir rasgos identitarios nacionales en las futuras generaciones, pero en ningún caso, cómo se pretende, la defensa de los menores que, en este caso, no corren ningún riesgo”.
