La Federación Portuguesa de Tauromaquia -Protoiro-, que reúne a todos los estamentos de la Fiesta en el país luso, ha presentado una rompedora campaña de cartelería y comunicación que ha desplegado ante la Asamblea de la República de Portugal y en las redes sociales con el objetivo de combatir el intento de prohibir el acceso de los menores de 18 años a los festejos taurinos por parte de diversos partidos políticos nacionales.
La formación gobernante, el Partido Socialista, necesita del apoyo del partido animalista PAN para sacar adelante el Presupuesto General del Estado para 2021, convirtiéndose en moneda de negociación parlamentaria la limitación de acceso de los menores de edad a los espectáculos taurinos.
La campaña de Protoiro -lanzada a través de su marca de comunicación, Touradas- busca provocar la reflexión de los parlamentarios a través de esta inquietante pregunta: “¿Conoces ya a los nuevos padres de tus hijos?”.
“La libertad de educar a los niños corresponde a los padres y no a los políticos”, recuerdan los carteles de la innovadora campaña
El cartel alude al primer ministro António Costa y a André Silva, líder del PAN, quienes aparecen retratados junto a la pregunta con ánimo de exponer el ataque a la libertad de elección y a la libertad educativa que perpetrarían Costa, Silva y sus formaciones en caso de convertir al Estado en el decisor de la edad de acceso a los festejos taurinos. Los carteles también recalcan que “la libertad de educar a los niños corresponde a los padres y no a los políticos”. Además de empapelar los alrededores de la Asamblea, la campaña también se ha extendido a las redes sociales, donde se difunden materiales similares.
La Federación Portuguesa de Tauromaquia recuerda en un comunicado que los menores son ciudadanos de pleno derecho y, por lo tanto, el intento de limitar su acceso a un espectáculo cultural choca con la obligación constitucional del Estado de promover la accesibilidad de todos los ciudadanos a la Cultura en todas sus manifestaciones.
Protoiro denuncia el intento de que abuelos y padres puedan transmitir la cultura taurina a sus hijos y nietos, creando una brecha generacional en el cultivo de la afición taurina
Asimismo, Protoiro subraya también que las restricciones planteadas no cuentan con respaldo ciudadano y recuerdan que la medida propuesta no cuenta con base científica alguna; al contrario, ya que existen numerosos estudios que avalan la asistencia de menores a los toros.
De hecho, Protoiro denuncia que la pretensión de impedir que los menores vayan a los toros es un intento de atacar la tauromaquia impidiendo que abuelos y padres transmitan su cultura a sus hijos y nietos, creando una brecha generacional en el cultivo de dicha afición. Los niños, sus derechos y libertades, se utilizan así como moneda de cambio en un mero juego político de mayorías parlamentarias.
“ESTAS PROPUESTAS SON UNA AFRENTA A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS”
Helder Milheiro, secretario general de Protoiro, subraya que estas propuestas “son una afrenta a los derechos de los niños y de los padres, ya que no existe base científica para tomar estas decisiones y, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la responsabilidad de educar depende esencialmente de los padres. Por lo tanto, no debe ser competencia del Estado, ni de los grupos políticos, el decidir quién puede y quién no puede asistir a las corridas de toros. Además, la opinión de los menores es fundamental y su libertad de participar en la vida cultural y artística es un derecho consagrado en la Convención y en la Constitución portuguesa. La libertad cultural es un derecho especialmente protegido por la ley y haremos todo lo posible para defenderlo, no solo por aquellos a quienes les gustan las corridas de toros, sino por todos los portugueses que tienen derecho a ejercer su libertad cultural sin injerencias políticas”.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS
Recientemente se lanzó una petición contra esta medida a través de una recogida de firmas que ya cuenta con 16.000 apoyos. Dicha petición recalca que la legislación lusa establece claramente que “el Estado no puede programar la Educación y la Cultura de acuerdo con lineamientos filosóficos, estéticos, políticos, ideológicos o religiosos” e igualmente indica que “toda persona tiene derecho a la cultura”, algo que el Estado debe “promover” al favorecer su “democratización”, con el libre “acceso” y “disfrute” de la “creación cultural” por parte de “todos los ciudadanos”.
