El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha empezado las negociaciones para fijar la posible compensación económica derivada de la prohibición de las corridas de toros en dicha comunidad autónoma. "La Generalitat ha abierto un procedimiento de responsabilidad. Se ha empezado a ver a los interesados, se les está escuchando y se ha recibido información para determinar si existe un daño" por la prohibición, han precisado a Europa Press fuentes del ejecutivo catalán, según informa el diario El Mundo.
Las mismas fuentes han señalado que los afectados por la prohibición, entre ellos los propietarios de La Monumental de Barcelona, entregaron a finales de febrero su "primera petición de estudio de indemnizaciones", por lo que el acuerdo no se alcanzará antes de septiembre.
La ley catalana recoge que el proceso negociador puede prolongarse durante seis meses "con audiencia a los interesados", aunque la tramitación del expediente podría posponerse más allá en caso de que el Govern solicite información adicional.
Según publica el citado rotativo, la negociación pretende determinar si existe una "lesión de derechos subjetivos" que emanen de la prohibición, un extremo que el Govern no ha confirmado, a la espera de determinar primero si se pueden acreditar los supuestos daños.
La ley especifica que los efectos económicos de la prohibición se pueden trasladar al presupuesto de 2013 o "a lo que se derive del expediente de indemnización tramitado", tal y como afirmó en noviembre el conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.
Ninguna de las dos partes ha especificado qué cantidad considerarían adecuada, aunque el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, sostuvo que las indemnizaciones se situarían en miles de euros y que elevarlo a millones era una "auténtica barbaridad", en línea con lo expresado por el portavoz del Govern, Francesc Homs.
Contrariamente a esas opiniones, un estudio patrocinado por entidades taurinas fijó la compensación entre 300 y 500 millones de euros, teniendo en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, y tomando como base las 111.000 entradas vendidas en 2007 a una media de 40 euros cada una.
A pesar de todo ello, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña han presentado más de medio millón de firmas en el Congreso de los Diputados para tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) en favor de que estos festejos sean declarados bien de interés cultural; y el PP ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) la prohibición catalana para determinar su legalidad.
