La Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, ha acordado admitir a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa explotadora de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, Funciones Taurinas SA -con Antonio Matilla al frente-, contra el acuerdo del Gobierno de Cataluña de fecha 28 de noviembre de 2013, por el que se desestima la solicitud de reclamación patrimonial instada a raíz de la entrada en vigor de la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de prohibición de los toros en Cataluña.
Cabe recordar que la Generalitat consideraba en su resolución que no se había producido una disminución patrimonial o una pérdida de beneficio por parte de la empresa, por lo que, en consecuencia, no estaba justificada la exigencia de responsabilidad patrimonial.
Hasta la fecha, de las 29 solicitudes de reclamación (toreros, ganaderos, veterinarios, transportistas... ) de compensación económica recibidas por la prohibición de los toros, la Generalitat ha desestimado 27, más una que renunció durante el proceso, por lo que la última que queda es la realizada por la familia Balañá, propietaria de la Monumental, que reclama una millonaria indemnización por la prohibición que entró en vigor el 1 de enero de 2012. Dicha reclamación está siguiendo los trámites que establece la ley.
