Sanchez QueroEl presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado que los servicios jurídicos de la institución recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (TACPA) que ha anulado el pliego para el alquiler de la plaza de toros de la Misericordia y que además solicitarán medidas cautelares para poder seguir adelante con el proceso de licitación.
En una rueda de prensa de tono bronco, Sánchez Quero ha avisado de que la decisión del TACPA imposibilita la celebración de la próxima feria taurina de San Jorge y ha manifestado que a su juicio la responsabilidad "recae única y exclusivamente en el grupo de empresarios que han presentado una pléyade de recursos en todas las instancias administrativas posibles atacando el pliego, consiguiendo en una de ellas la anulación del mismo y provocando en consecuencia que no haya toros San Jorge".
"Me da la impresión de que hay interés por parte de algún empresario taurino en boicotear la adjudicación de la plaza de toros de la Misericordia. Con estos empresarios no hace falta que haya antitaurinos, ellos mismos se están cargando la feria por su interés económico personal", ha criticado el presidente, que al mismo tiempo ha querido mandar un mensaje tranquilizador asegurando que "habrá feria taurina del Pilar".
Sánchez Quero ha declarado que desde el inicio de este proceso licitatorio distintas empresas taurinas han ido presentando "una avalancha" de recursos, actuando algunas de ellas "de forma coordinada". "Estos recursos han atacado formalmente la naturaleza jurídica del contrato -patrimonial o concesional-, que es precisamente el argumento sobre el que el TACPA ha basado su resolución. Sin embargo, la Diputación tiene el convencimiento de que el motivo real de fondo es otro bien distinto: el rechazo de estas empresas a abonar el canon legalmente establecido y a comprometerse por escrito con la propuesta de programación para las ferias de San Jorge y del Pilar que, como saben, se incluía como criterio de valoración de las ofertas en el pliego", ha expuesto.
En este sentido, Sánchez Quero ha acusado así a los empresarios, subrayando que "parece que concurre verdadera mala fe en la actuación concertada de algunos operadores que responden al mismo interés económico, comparten propósito y han actuado coordinadamente no para proteger un interés individual de cada una de sus empresas, sino el colectivo, con el único objetivo de dilatar o impedir el procedimiento de adjudicación".
"A mi juicio esta manera de actuar coordinada es un verdadero fraude de ley", ha lamentado el presidente, contraponiendo esta forma de actuar con la de otras empresas. "La realidad es tozuda y vemos cómo sí hay empresas serias que de verdad defienden y potencian la tauromaquia y han presentado oferta cumpliendo todos los requisitos exigidos en el pliego", ha recordado.
El presidente también ha mostrado su "sorpresa" por la "del todo punto inoportuna" resolución del TACPA. "Hace apenas quince días, el propio TACPA rechazó expresamente suspender la licitación a pesar de la petición expresa realizada por los recurrentes, al reconocer el interés público de la Feria de San Jorge por su impacto en la economía local, el turismo y la cultura de la ciudad", ha recordado Sánchez Quero defendiendo la actuación jurídica de la Diputación de Zaragoza.
"Entendemos que el modelo de contrato de arrendamiento patrimonial es jurídicamente correcto y está consolidado y avalado por la práctica, resulta esencialmente idéntico al que se utilizó en la anterior licitación de la plaza de la Misericordia y no es ni nuevo ni excepcional, pues es el mismo modelo que utilizan otras administraciones públicas propietarias de plazas de toros tan importantes como Valencia, Bilbao o Santander y también en otras muchas como las de Cuenca, Colmenar Viejo, Manzanares, Olite o Sanlúcar de Barrameda", ha explicado el presidente, que también ha recordado que a la licitación de 2022 se presentó uno de los empresarios que ahora han recurrido ante el TACPA. "Es cuanto menos contradictorio, impugnar hoy lo que antes se aceptó sin reparos", ha criticado Sánchez Quero.
