Se abre el debate

Andalucía admite a trámite la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros

Redacción APLAUSOS
miércoles 08 de septiembre de 2010

Para seguir adelante con ella, la comisión promotora (CIMA) dispondrá de un plazo de cuatro meses para reunir 75.000 firmas, que no servirán para nada si PSOE y PP se mantienen firmes en su rechazo a la prohibición de las corridas de toros.

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado admitir a trámite una iniciativa legislativa popular de la Comisión Investigadora del Maltrato Animal (CIMA) que solicita una modificación de la Ley autonómica de protección de los animales para que se prohiban en la comunidad andaluza las corridas de toros y los espectáculos de toros que incluyan la muerte o sufrimiento del animal.

En el texto de proposición de Ley remitido por CIMA al Parlamento, se solicita que se prohiban en todo el territorio andaluz las corridas de toros y los espectáculos de toros que incluyan la muerte o sufrimiento animal, y la aplicación de las 'suertes' de pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren las plazas de toros o fuera de ellas, como encierros o becerras.

Pese a todo, la iniciativa está abocada a no prosperar si nos basamos en que los dos grupos mayoritarios en Andalucía, PSOE y PP, siempre han mostrado su rechazo a la prohibición de las corridas de toros.

 

Los pasos a seguir

La Mesa del Parlamento comunicará próximamente la decisión adoptada a la Junta Electoral de Andalucía, quien a su vez deberá notificar la admisión a los promotores de la iniciativa.

En ese momento la comisión promotora dispondrá de un plazo de cuatro meses para presentar, como mínimo, 75.000 firmas de electores andaluces, debidamente autenticadas según establece la citada ley de iniciativa popular. Si no lo hicieran caducaría la iniciativa.

Una vez fueran presentadas las 75.000 firmas, la Mesa del Parlamento deberá, en un plazo de 15 días, pronunciarse acerca de su admisibilidad. Si fuera así, se remitirá el texto en primer lugar al Consejo de Gobierno para que lo toma en consideración y argumente si afecta o no a las previsiones presupuestarias. Superado este paso, será el Pleno del Parlamento quien decidirá sobre la toma en consideración.

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