La Generalitat de Cataluña ha desestimado este martes otras cinco solicitudes de indemnización de afectados por la prohibición de las corridas de toros en esta comunidad. El texto de prohibición de los toros en Cataluña, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, preveía una compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, que debía ser determinada por el Gobierno catalán. Sin embargo, un total de 29 empresas o particulares han presentado reclamaciones económicas por la imposibilidad de realizar su actividad y 17 han sido desestimadas, las cinco de este martes y otras 12 presentadas por toreros.
El Gobierno autonómico considera que los demandantes no tienen derecho a recibir ninguna compensación económica porque los profesionales afectados -una empresa de transporte de ganado, un equipo médico, una agencia de comunicación y publicidad y dos empresas ganaderas de toros de lidia- pueden ejercer su actividad “tanto en el resto del Estado como en cualquier país donde las corridas estén autorizadas, o en Cataluña en sectores diferentes al taurino”.
Los afectados por el cese forzoso de la actividad taurina en Cataluña, en cambio, estiman que las indemnizaciones deberían situarse por encima de los 300 millones de euros.
