Felipe Negret: "Petro tiene la obligación de cumplir con la ley"
La Corte Constitucional de Colombia ha determinado por seis votos a favor y tres en contra que tanto los alcaldes como los concejales de las ciudades donde existen plazas de toros permanentes no podrán prohibir la celebración de las corridas de toros en sus ciudades. Esta medida tomada por los magistrados se ha conseguido tras declarar exequible la Ley 916 del 2004, que establece los requisitos y la documentación para la celebración de espectáculos taurinos.
La Ley 916 de 2004 es clara y contundente: donde existen plazas de toros permanentes basta con comunicar a la autoridad administrativa la realización de festejos taurinos. Además, siendo las corridas de toros una expresión artística del ser humano, en los términos del artículo 1º de dicha ley, y parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación en virtud de la Sentencia C-1192 de 2005, limitar el acceso a los ciudadanos a estas actividades vulneraría derechos constitucionales.
Los organizadores de los espectáculos sólo tendrán que pedir un permiso a las autoridades locales cuando las corridas se vayan a celebrar en plazas portátiles o improvisadas. Los gobiernos sí podrán cancelar las corridas de toros cuando se presenten problemas de salubridad y seguridad.
Esta normativa blinda la temporada taurina de Medellín, donde un grupo de concejales liderados por el ex torero Álvaro Múnera pretendía aprobar las corridas de toros incruentas.
Esta medida no asegura que puedan volver los toros a Bogotá de momento ya que su alcalde, Gustavo Petro, no prohibió la celebración de espectáculos taurinos sino que revocó el contrato de arrendamiento de la Santamaría con la Corporación Taurina, lo que cerró definitivamente las puertas a la celebración de corridas en ese coso capitalino. Por eso, para que vuelvan los toros, Gustavo Petro deberá sacar cuanto antes la plaza a un nuevo concurso de arrendamiento.
Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina que gestionaba la Santamaría hasta que quedó rescindido su contrato, ha declarado que "este es un duro revés al prohibicionismo que impera en la administración de Gustavo Petro". Agregó que Petro está obligado a reabrir la Santamaría y darle el uso para el que fue creado: "Él tiene la obligación de cumplir con la ley. Ningún funcionario está por encima de ésta", afirmó.
Tras el fallo de los magistrados de la Corte, el alcalde Petro matizó: "No existe contrato firmado entre la Alcaldía y ninguna organización que haga corridas de toros en Bogotá".
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