Tenemos un objetivo jurídico de primer orden: lograr que los públicos de la Tauromaquia seamos vistos ante la ley como un colectivo. Hemos dado un paso importante pero ya muy estéril: las demandas particulares para los que la Fundación ha puesto a sus abogados sin interés alguno. Hago esta distinción: demanda particular/demanda como colectivo, porque lo segundo tiene unas consecuencias sociales, legales y penales que nos posicionarían en un lugar más protegido que el desprotegido actual. Insisto en este punto porque ha de quedar claro qué podemos hacer ante los insultos, vejaciones y persecuciones que sufrimos los públicos de la Tauromaquia.
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