La histórica Plaza de Toros de Utiel, inaugurada en 1858, pasa por uno de sus peores momentos, en realidad camina hacia un estado ruinoso, como consecuencia de las tormentas de los últimos años y fundamentalmente por la falta de mantenimiento del ayuntamiento de la ciudad, que es quien disfruta de su uso y explotación desde 1992. El histórico edificio, protegido como bien de relevancia local, es propiedad de la Sociedad Civil Taurina La Utielana desde su fundación a mediados del siglo XIX. En 1992 se firmó un convenio protocolarizado notarialmente entre la propiedad y el Ayuntamiento por el que se cedía el uso de las instalaciones y su explotación al consistorio a cambio, entre otras condiciones, de que el Ayuntamiento de Utiel se encargara, “en el periodo de duración de la cesión, al mantenimiento de las dependencias de la plaza de toros en perfecto uso, para la celebración en la misma de espectáculos, así como para la conservación de las instalaciones existentes”.
Este convenio fue renovado en varias ocasiones desde 1992 por cuatro alcaldes distintos de diferentes grupos políticos. En la actualidad está en vigor hasta el año 2038. En todo este tiempo, el Ayuntamiento, con fondos propios o mediante subvenciones de otras administraciones, ha invertido en el mantenimiento y adecuación del edificio dentro de las posibilidades de cada momento, a la vez que lo ha usado y explotado como si fuera un bien municipal gracias al convenio suscrito con la propiedad, llegando incluso a hacerlo objeto de concurso público para su explotación tal y como el acuerdo le permite.
A mediados de 2019, el alcalde Fernando Benlliure propuso a los propietarios que cedieran la titularidad de la plaza y los terrenos urbanizables adyacentes al ayuntamiento a cambio de permitir a los accionistas entrar gratis a los espectáculos que se celebraran en el coso. Esta propuesta fue rechazada por la sociedad propietaria en Junta General y en su contestación recordó a la administración la vigencia del convenio entre las dos partes.
A principios de 2019, debido a una tormenta, se produjeron importantes daños en parte de la cubierta, por lo que la sociedad propietaria, en agosto de ese año requirió al ayuntamiento que tomara medidas para que esos daños no fueran a más. En septiembre, el ayuntamiento contestó con un escrito firmado por el alcalde negándose a cumplir su obligación de mantenimiento del edificio recogido en el convenio, y comunicando que la próxima “vía de diálogo” con la sociedad propietaria sería por medio de un abogado.
A fecha de hoy, representantes de la propiedad, denuncian que el ayuntamiento no ha arreglado los daños producidos en abril de 2019 y que ni siquiera se ha apuntalado la zona para que los desperfectos no vayan a más. “De hecho no han realizado ni una sola actuación de mínimo mantenimiento a pesar de que están obligados a hacerlo por un convenio notarialmente protocolarizado”, declaran responsables de la entidad.
La Sociedad Taurina acusa al actual equipo de gobierno del consistorio de culparlos ante el pueblo del estado de la plaza y de que esté cerrada, ocultando en todas sus manifestaciones que existe un convenio que obliga al ayuntamiento al mantenimiento del edificio.
La entidad propietaria denuncia esta situación de indefensión que les ha obligado a poner en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura la dejadez de la administración local utielana con un edificio protegido de su responsabilidad. También declaran que han pedido amparo al Defensor del Pueblo.
Representantes de la propiedad se sienten perplejos al haber recibido “una orden de ejecución de obras del ayuntamiento por la que obligan a la propiedad a hacer una inversión que debe realizar el propio ayuntamiento según están obligados legalmente”. La representación de la propiedad, considera que “puede haber una clara actuación abusiva por parte de la alcaldía cuando en numerosas ocasiones se le ha recordado su deber de cumplir el actual convenio vigente y se ha negado a hacerlo incluso por escrito. Desconocemos si hay informes de la secretaría jurídica del ayuntamiento que cuestionen la decisión del alcalde, en cuyo caso, la conducta municipal podría incluso rayar la responsabilidad penal”.
Imagen de la parte conservada del coso, estado en el que debería encontrarse todo el coso.
