El pleno del Concejo Municipal de Lima (Perú) aprobó el lunes por mayoría que la plaza de toros de Acho no sea usada para dar corridas de toros. El acuerdo, sin embargo, no significa que los espectáculos estén prohibidos de facto, ya que no se trata de una ordenanza sino de una expresión política, una intención de los gobernantes actuales de la capital peruana.
En este sentido, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se expresó en Twitter en los siguientes términos: “Quedó muy claro que la supremacía de la vida sobre el maltrato animal es política de este gobierno municipal, y esto lo demostró hoy el Concejo de Lima, al aprobar por abrumadora mayoría multipartidaria que sus funcionarios y representantes ante directorios velen porque sus inmuebles no sean utilizados en espectáculos públicos donde se ejerza tortura contra los animales. Sin duda, un paso importante para una ciudad más humana”.
Las reacciones del mundo del toro no se han hecho esperar y la Asociación Cultural Taurina del Perú suscribió un comunicado que representa a más de 120 entidades y ganaderías del país para expresar su “más enérgica protesta ante la ilegal iniciativa”.
Asimismo, y representando a “cinco millones de peruanos que somos aficionados a la tauromaquia”, la entidad considera dicha iniciativa “como una afrenta directa a nuestra cultura y al derecho a nuestra diversidad cultural que consagran la Constitución Política del Perú, dos sentencias del Tribunal Constitucional, tratados internacionales suscritos por nuestro país y varias leyes”.
Desde la Asociación Cultural Taurina del Perú alertan que de seguir la tramitación de la ilegal iniciativa “responsabilizaremos de ello a los partidos políticos que pudieran apoyar esa improcedente iniciativa que colisiona la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, el Decreto Legislativo 1411, la Ley 30407 de Protección Animal y dos sentencias del Tribunal Constitucional de obligado cumplimiento”.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional del Perú falló este mismo año a favor de la tauromaquia reafirmando su constitucionalidad de la Ley 30407 de Protección Animal que exceptúa a la tauromaquia y a los gallos del alcance de dicha ley, refrendando que los toros no constituyen “maltrato ni violencia animal”.
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