El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital donostiarra para que los jueces anulen el acuerdo del gobierno local de prohibir los espectáculos taurinos en el pliego de condiciones que rige la explotación del coso de Illumbe, según informa en su edición digital El Diario Vasco.
El escrito, firmado por los seis concejales del PP, estima que la decisión del gobierno municipal de Bildu supone «un verdadero abuso, defraudación legal y vulneración de diversos preceptos legales y constitucionales» y señala que «la competencia para la prohibición de las corridas de toros radica exclusivamente en el legislador estatal» y que «ninguna autoridad administrativa puede impedir los espectáculos taurinos contrariando la regulación legal».
La demanda -informa el citado rotativo- indica que «impedir que se realicen espectáculos taurinos en el único escenario idóneo para tales efectos tienen un palmario efecto prohibitivo sobre las corridas de toros». En opinión del grupo PP, se produce «una extralimitación competencial» del gobierno municipal al impedir un espectáculo permitido expresamente por la legislación del País Vasco.
Asimismo, el PP entiende que prohibir la actividad taurina supone «privar a un grupo plural de personas de ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, desde el carácter colectivo, que les da la prerrogativa de conocer y recibir expresiones artísticas legítimamente reconocidas», además de defender el toreo como actividad económica y empresarial importante.
Cabe recordar que la Junta de Gobierno que preside Juan Karlos Izagirre aprobó el 27 de marzo de este año los pliegos de condiciones a regir en el «contrato administrativo para la adjudicación del derecho de organización, gestión y explotación de eventos en el pabellón multiusos San Sebastián/Donostia Arena 2016». En el apartado 1 del pliego se recoge el objeto del contrato y entre las actividades vetadas por la administración se indica que se «prohíbe expresamente la celebración u organización de corridas de toros o festejos taurinos», una determinación a la que se atribuye el carácter de «obligación contractual esencial».
