La Corte Constitucional de Colombia ha admitido una demanda presentada por Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales, contra la ley que prohíbe las corridas de toros en el país, una normativa que entrará en vigor dentro de tres años, tal y como ha publicado el periódico colombiano Diario del Norte.
La demanda presentada plantea que la ley prohibicionista contiene vacíos legales que podrían ser utilizados para restringir arbitrariamente las actividades taurinas por parte de ministerios y autoridades locales; además, argumenta que se vulneran derechos fundamentales como el trabajo y la libertad para elegir un proyecto de vida, especialmente para toreros, novilleros y otros sectores vinculados a la tauromaquia. Según Gómez Muñoz, el plan de reconversión laboral propuesto por el Congreso es "insuficiente y carece de medidas concretas".
ADMITIDOS DOS PUNTOS DE LA DEMANDA
La magistrada Natalia Ángel, encargada del caso, admitió parcialmente la demanda, seleccionando dos puntos clave para estudio en la Sala Plena. En primer lugar, se evaluará la afectación al derecho al trabajo de quienes dependen de la tauromaquia, analizando si dicha interferencia es proporcional. Y el segundo punto que se tendrá en cuenta y que se examinará será el impacto sobre la propiedad privada de inmuebles destinados a actividades taurinas, como plazas de toros, y su exclusión de los programas de reconversión previstos por la ley.
El auto presentado y admitido señala que "los argumentos formulados en el escrito de corrección evidencian que la ley cuestionada interfiere el derecho al trabajo de los toreros y novilleros, por lo que la Sala debe evaluar si dicha afectación es proporcional o no, en un estudio de fondo".
Por contra, la Corte Constitucional desestimó otros argumentos de la demanda, como el que alegaba una vulneración a la diversidad cultural. Según la magistrada Ángel, la jurisprudencia ha establecido que el toreo dejó de ser considerado plenamente como una práctica cultural debido a su conflicto con principios constitucionales superiores como la protección animal.
La decisión de la Corte Constitucional puede abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la tauromaquia en Colombia.
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