La Fundación del Toro de Lidia está interponiendo recursos contencioso-administrativos contra varios ayuntamientos y diputaciones provinciales que se han declarado antitaurinos.
Recientemente se interpusieron sendos recursos en los ayuntamientos de Palma de Mallorca y Calviá (Baleares), y ya se trabaja en recursos dirigidos a los consistorios de Orihuela (Alicante) Llubí y Binisalem (Baleares), entre otros, así como a las diputaciones provinciales de Pontevedra y La Coruña.
Los fundamentos jurídicos en los que se asientan estos recursos son dos, según explica el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo: por un lado, la invasión de competencias estatales (la Ley 18/2013 que regula la tauromaquia como Bien de Interés Cultural insta a los poderes públicos a su fomento, divulgación y protección) y, por otro, el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que los acuerdos de declaración de zonas antitaurinas fueron tomados sin atender a los trámites obligatorios de información pública, audiencia, resolución de reclamaciones y sugerencias, entre otros.
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