El terrorismo antitaurino no ceja. Esta vez ha sido la localidad valenciana de Moncada la que ha sufrido el acoso de los intolerantes. La plaza de toros portátil instalada fue incendiada, sufriendo daños la propia plaza, la enfermería, los cuartos adyacentes y demás infraestructura necesaria para la realización de los festejos populares que organiza la Peña Taurina San Miguel. El recinto, propiedad de Barreras el Toril, ha quedado inutilizado.
La Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer alerta a través de una nota enviada a los medios: "¿Qué hubiera ocurrido en el caso de estar allí algún empleado de Barreras el Toril, algún peñista e incluso los aficionados si se hubiese realizado un día de festejo? Estaríamos hablando de una tragedia, que se arrima cada día más a la realidad, mientras nadie de la Administración da una solución".
La nota de prensa enviada a este medio por la entidad, subraya: "El sector taurino de la Comunidad Valenciana está al límite, el taurino ha demostrado en infinidad de ocasiones que es un ciudadano pacífico, nos hemos reivindicado sin ningún atisbo de violencia, tal y como demostramos en las manifestaciones de Castellón y Valencia, acatamos todas las Leyes que nos propone la Administración, seguimos las pautas marcadas por Ministerios, Consellerías y Ayuntamientos, colaboramos con los Cuerpos de Seguridad del Estado y, por si fuera poco, exigimos a nuestro propio sector transparencia y compromiso. ¿Qué más tenemos que hacer?, ¿hasta dónde debemos de aguantar?".
“Ahora somos nosotros los que exigimos a la Administración Central, Autonómica y Local que actúen con responsabilidad. Pero real, sin medias tintas, esto ya ha pasado de ser hechos aislados y anecdóticos a ser ataques muy serios, incluso nos atrevemos a decir que son ataques de terrorismo antitaurino. ¿Tendrá que ocurrir una muerte para frenar esta situación?”, insisten las advertencias de la Federación.
“Somos ciudadanos como cualquier otro, pagamos nuestros impuestos, disfrutamos de una Actividad Cultural reflejada en la Constitución Española, regulada por un Decreto Autonómico y por lo tanto, los altos cargos de la Generalitat Valenciana, Diputaciones y Ayuntamientos deben de condenar todas estas agresiones y buscar soluciones sin titubeos”, remachan.
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