El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha celebrado este martes el segundo juicio contra una de los seis activistas de la Fundación Equanimal que el 4 de mayo de 2008 saltaron al centro del ruedo de Las Ventas para pedir la abolición de la Tauromaquia.
Según recoge la edición digital del diario ABC, cada uno de los antis tendría que pagar una sanción de 3.000 euros, lo que supondría un total de 18.000 euros, según explicó la activista Sara Lago. Los animalistas han recurrido esta sanción administrativa.
La polémica sobrevino tras la muerte del primer toro de San Martín -con el que Morenito de Aranda confirmó la alternativa- al arrojarse al ruedo media docena de espontáneos antitaurinos pidiendo la abolición de la Fiesta en pancartas y camisetas. Se tumbaron en la arena ante la pasividad de la Policía, que se negó incluso a intervenir cuando Salvador Vega, el director de lidia, así se lo reclamó; el presidente de la corrida, Muñoz Infante, también se inhibió. Los seis militantes antitaurinos permanecieron más de dos minutos ante la inoperancia de los efectivos policiales. Monosabios y areneros cumplieron con el deber de otros.
Tal fue el calado de lo sucedido, que el delegado gubernativo de aquel 4 de mayo, Francisco Javier Meco Murillo, fue destituido de manera fulminante de sus funciones. Se produjo a instancias del Jefe Superior de Policía. En aquel momento, el presidente del festejo, Muñoz Infante, explicó que hubo un problema de comunicación con el callejón y el Delegado no oyó el teléfono. Pero según marca el protocolo, el delegado tenía potestad para mandar a las Fuerzas del Orden Público que desalojasen el ruedo. Murillo dio órdenes a la Policía cuando contactó con Muñoz Infante y los «anti» estaban siendo sacados por areneros y banderilleros.
El domingo en que sucedió el lamentable episodio, los seis abolicionistas se marcharon detenidos. Salieron el lunes por la tarde de las dependencias policiales tras ser puestos a disposición del juez, acusados de infracción y de altercado del orden público. Además, Manuel Muñoz Infante envió un acta a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid proponiéndoles para sanción. Ahora deberán pagar 3.000 euros por coleta, concluye la información publicada por los compañeros de ABC.
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