Una orden judicial dictada por el juzgado contencioso administrativo número 17 de Barcelona ha obligado a suspender la actividad en dos ganaderías de bravo de la provincia catalana de Tarragona. Se trata de las vacadas de Rogelio Martí y Ángela Mur, inscritas ambas en la Asociación de Ganaderías de Lidia y dedicadas al concurso de recortes, a los correbous y a vender novilladas fuera de Cataluña.
Según informa el diariocritico.com, el Departamento de Agricultura de la Generalitat ha recurrido ahora la decisión del citado juzgado de Barcelona, que alegaba en su orden judicial que en ambas ganaderías existía "maltrato a los animales" ya que en ellas se celebraban "corridas de toros a las que acuden turistas, algo que la ley prohíbe".
Sin embargo, tal y como informa la citada web, en estas ganaderías únicamente se organizan tientas para turistas y aprendices de toreros, además de enviar sus reses a los populares correbous y vender animales para novilladas en Castellón.
El juez que ha tomado la decisión de prohibir esas actividades advierte que, de continuar, podrían cometer "un delito de desobediencia a la autoridad judicial" y amenaza con sanciones de gran cuantía, recriminando la actuación del Departamento de Agricultura de la Generalitat "por tolerar", a su entender, "las corridas", considerando que facilitan una actividad "ilegal y prohibida".
Por su parte, el Departamento de Cultura de la Generalitat se personó en ambas fincas para observar las actividades que allí se desarrollaban, y comprobaron que son espectáculos incruentos, con suelta de vaquillas y aficionados que las torean, así como aspirantes a toreros que salen al ruedo, de modo que alega que "la conducta denunciada por el juzgado no tiene cobertura legal, ni es competente para sancionar con este motivo o para regular su actividad". En cambio, el Departamento de Interior sí que ha abierto expediente sancionador, al entender que sí es de su competencia.
En cualquier caso, ambas ganaderías están con su actividad paralizada, y se exponen, si el Departamento de Interior y el juzgado cumplen sus promesas, con multas que pueden llegar a los 2.000 euros.
