Hoy se cumplen cuatro años de la aprobación de la Ley 28/2010 del Parlamento de Cataluña, recurrida por el Grupo Popular en el Senado al Tribunal Constitucional el 28 de Noviembre de 2010.
Con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, hoy hace cuatro años que el Parlamento de Cataluña aprobaba la Ley 28/2010 publicada el 3 de agosto por la que se prohibía la celebración de corridas de toros en Cataluña a través de la modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008 de 15 de abril de 2008. La prohibición fue respaldada de pleno por los grupos nacionalistas de Cataluña –CIU y ERC- y por la izquierda de ICV-EUIA y fue rechazada por el grupo popular –PP- y Ciudadans, dando libertad de votos a sus diputados el grupo socialista.
La prohibición que entró en vigor con fecha 1 de enero de 2012 fue recurrida al Tribunal Constitucional por parte del Grupo Popular en el Senado a través de un Recurso de Inconstitucionalidad firmado por medio centenar de senadores de la formación azul encabezados por Pío García Escudero y presentado con fecha 28 de noviembre de 2010 por la abogada María Rosa Vindel López. El recurso se fundamenta en el incumplimiento de más de una docena de artículos de la Constitución, además de la violación de cuestiones competenciales y de unidad de mercado.
Una vez admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad por parte del Alto Tribunal, la noticia ha sido: el silencio. Cuatro años de largo silencio. En este tiempo, las Cortes Generales aprobaron con fecha 18 de noviembre de 2013 la Ley que regula la Tauromaquia como Bien de Interés Cultural, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por cerca de 600.000 firmas. Su carácter no retroactivo hace inviable el regreso de los toros a Cataluña mientras no dictamine el Tribunal Constitucional.
Las primeras fuentes informaban que el Alto Tribunal estaba esperando a la aprobación de la ILP para pronunciarse. Una vez aprobada y publicada en el BOE, las mismas fuentes daban el margen del primer semestre de 2014 como fecha límite para que se diera luz verde a la sentencia. Cumplido ese plazo, no hay fumata blanca y nadie desde las instancias políticas ha vuelto a mover ficha ni ha instado de ningún modo al Constitucional para que resuelva un recurso que según otras fuentes consultadas por APLAUSOS no tendrá sentencia en firme hasta que se calmen las aguas de la oleada independentista catalana con la consulta de noviembre como bandera que tiene en el disparadero las relaciones entre el Ejecutivo central y el gobierno de la Comunidad catalana. Toca esperar. ¿Hasta cuándo?
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