El impacto económico de la prohibición de las corridas de toros en territorio catalán sería brutal. Según el mencionado estudio del profesor Royuela, Barcelona y su plaza de toros facturan anualmente por venta de entradas una cifra cercana a los 4 millones de euros -según datos de la temporada 2007-. Esa cantidad, multiplicada por los 99 años que la empresa podría seguir explotando la Monumental de conformidad con la licencia de actividad arroja un montante de casi 400 millones de euros. Calculados sobre este montante interés e inflación, el informe concluye que el "lucro cesante" sería de 253 millones de euros.

A la pérdida por cese de actividad hay que sumarle el "daño emergente", o lo que es lo mismo, el coste de los bienes que ya no se podrán utilizar para el fin para el que fueron previstos. Según el informe, la Generalitat tendría que pagar entre 50 y 150 millones de euros para comprar las plazas de toros afectadas. Así, en total, el informe concluye que el veto a los toros costaría entre 300 y 500 millones de euros.

El economista asegura que los 400 millones de euros que de media supondrán las indemnizaciones representarán para cada uno de los siete millones de catalanes 57 euros que deberán pagar de sus impuestos. Con esa cantidad, concluye, podrían construirse seis centros hospitalarios de casi 1500 camas, hasta cien centros escolares o tres desalinizadoras como la que hay en el Prat de Llobregat, la más grande de Europa.