La Comisión de Interior del Congreso aprobó este miércoles la Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular para garantizar el orden público durante la celebración de espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos. La medida obtuvo el voto favorable del Partido Popular y en contra de PSOE, IU, CiU y UPyD.
“Los ciudadanos que son contrarios a las corridas de toros tienen perfecto derecho a manifestarse en contra de las mismas, pero ese derecho no puede obstaculizar el derecho de los aficionados a presenciar, con tranquilidad sin gritos e insultos los espectáculos taurinos”, sostuvo Juan Manuel Albendea, diputado del Grupo Popular encargado de defender la medida y que además recordó la obligación del Gobierno a promover y tutelar el acceso a la Cultura, siendo la Tauromaquia un hecho cultural.
Con esta medida se pretende evitar manifestaciones antitaurinas en las inmediaciones de las plazas de toros. Además, una enmienda del PP amplía la protección a actividades relacionadas con el mundo del toro como conferencias, mesas redondas, exposiciones… en las que recientemente también se han vivido acciones violentas de los antitaurinos.
La Proposición argumentaba que “la Tauromaquia constituye una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías. Sin embargo, con frecuencia se vienen produciendo alteraciones del orden público a la entrada de las plazas de toros por grupos anti taurinos, con insultos y provocaciones a los espectadores, que tienen su continuación durante la celebración del espectáculo con continuos gritos que perturban el inalienable derecho de los espectadores a disfrutar del espectáculo con absoluta tranquilidad y sosiego. Cualquier persona tiene el derecho a disfrutar de su cultura en libertad. La tauromaquia como conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, requiere de protección y fomento por parte del Estado y las Comunidades Autónomas”.
