Andrea Gavela Llopis, subsecretaria de Cultura y Deporte, ha participado este viernes por la mañana en el Congreso de los Diputados durante el acto de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 a la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Baja.
Durante su intervención se ha referido a la política del Ministerio en relación con la actividad taurina, asegurando que el Gobierno está cumpliendo con la legalidad vigente pero que ésta no exige al respecto “una obligación de ampliación o crecimiento” del mundo del toro, contrariamente a la esencia tanto de la ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, o la sentencia del Tribunal Constitucional 177/2016, de 20 de octubre, que afirma con claridad que la preservación de la tauromaquia como patrimonio cultural supone la imposición del deber a los poderes públicos de garantizar la conservación y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución Española.
“En esta materia [la taurina] la sociedad tiene opiniones muy diversas, en ocasiones encontradas, y como ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones el Ministerio de Cultura y Deporte y el Gobierno deben ajustarse a la legalidad vigente, y así lo hacen y la cumplen. Con arreglo a ella, actualmente no existe prohibición, no existe una obligación de ampliación o crecimiento, nuestra labor es proteger a los más vulnerables y eso es lo que ha hecho el Ministerio de Cultura y Deporte junto con el Ministerio de Trabajo al proteger a aquellos trabajadores [los taurinos] que se han encontrado en una situación de vulnerabilidad en el caso de la pandemia al igual que lo ha hecho con los trabajadores de cualesquiera otros sectores”, ha dicho Gavela.
Asimismo, la subsecretaria ha subrayado que los gastos del Ministerio de Cultura y Deporte en este proyecto de presupuestos en materia taurina “son los que estaban previstos en los presupuestos prorrogados de 2018”. Siendo cierta su afirmación, no es menos cierto que para el resto de disciplinas culturales no se han prorrogado las partidas económicas sino que se han mejorado notablemente -en torno a un 25% de subida- gracias a los fondos de rescate europeos puestos en marcha a raíz de la pandemia de Covid-19.
Por otro lado, Gavela ha recordado que el pasado martes “aprobamos un acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los profesionales taurinos, por cuanto se trata de un colectivo de trabajadores que evidentemente no ha podido desarrollar su actividad con normalidad durante este año y no podría de otro modo acceder a las prestaciones por desempleo”.
LA LEY, DE PARTE DEL TORO
Cabe recordar que la ley 18/2013, de 12 de noviembre, define la tauromaquia como patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, estableciendo un deber de protección y conservación y el principio de participación y colaboración entre las Administraciones públicas.
Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 177/2016, de 20 de octubre) afirma que la preservación de la tauromaquia como patrimonio cultural supone la imposición del deber a los poderes públicos de garantizar la conservación y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución Española, a través de las medidas específicas que contemplan tanto la Ley 18/2013 como la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
