Ha llegado la hora de que cada palo aguante su vela. Las propiedades de las plazas de toros son culpables en gran medida de que el toreo sufra la crisis económica con mayor rigor que otros espectáculos. La máxima responsabilidad de que la Fiesta de los Toros esté bajo mínimos a nivel empresarial alcanza sobre todo a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autonómicas, que regentan los inmuebles de titularidad pública con criterios puramente recaudatorios. Su codicia ha convertido la organización de corridas de toros y novilladas en un negocio ruinoso del que huyen las empresas serias y con experiencia de varias generaciones. Ni los enemigos declarados de la Fiesta, ni siquiera el empobrecimiento del país, que recorta cada año más el número de festejos celebrados, le hacen tanto daño al toreo como la avaricia de las entidades propietarias de las plazas.
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