Una empresa privada gestionando un derecho constitucional

En estas situaciones nuevas, nos olvidamos de lo importante para manejar lo urgente. No creo ser insolidario al afirmar que, urgidos por las necesidades de no movilidad (aunque depende) y otras medidas sanitarias, no podemos dejar que ya no nos importe lo importante: las libertades. No se sabe muy bien porqué, pero España y sus gentes han admitido normas y métodos de un estado de excepción envuelto en el papel de un estado de alarma.

La forma de control en las calles, el tono, los modos, las multas, las normas, son propias de un estado de excepción no declarado que, sin embargo, parece no importarnos. Lo urgente debe de ser poder salir a tomar el vermut y no para ver a una abuela o un padre. Lo urgente ha de ser que “nos dejen” caminar o pasear, pero no trabajar, que es lo importante. Lo urgente es controlar la información, pero lo importante que olvidamos es que hay censura.

Toda red social, toda plataforma de propiedad transnacional que hace negocio también en este país, está censurando cada día contenidos y mensajes de las gentes de la Tauromaquia. El penúltimo caso, Youtube y la faena de Chenel al toro blanco. Una obra de arte. En cualquier caso, un acto de historia de una actividad que en España es Patrimonio Cultural amparado por la Constitución.

Que este país, su Gobierno y sus instituciones de un Estado de Derecho no salgan al paso para detener esta atroz censura, es indicativo de la claudicación de nuestros propios valores y libertades. No se trata de una cosa del toreo, se trata de una cuestión de derechos fundamentales. Un Estado que permite que una empresa ponga sus normas propias para censurar un contenido legal es un Estado que cede la gestión de los derechos a una empresa privada.

Todo ello en función de una queja, protesta o contra indicación de los que desean prohibir al toreo. Es decir, que la libertad en España consiste en la norma privada de una empresa privada según la dicte una mayoría o una tribu más o menos mayoritaria de sus clientes. Hablo de un derecho Constitucional, puesto en la picota por un interés de venta al público.

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